Ciedess en Pauta: Medio millón de adultos mayores esperan la "ley corta" de pensiones

En el Senado ha tomado fuerza la idea de empujar una "ley corta" para dar respuesta a las urgencias en materia de pensiones, ante la evidencia de que no es posible lograr un acuerdo para un cambio más estructural.

La base de este esfuerzo estaría en los anuncios de marzo del Presidente Sebastián Piñera sobre ampliar el Pilar Solidario de cargo fiscal desde el 60% al 80% más vulnerable de la población, junto con elevar ese monto a la línea de pobreza. Esa fórmula, con un costo de US$ 1.400 millones, fue bien recibida transversalmente, aunque la oposición pidió tener fuentes de financiamiento sustentables.

¿Cómo se amplía el pilar? Los datos de la Superintendencia de Pensiones a junio de 2021 revelan que, excluidos casos de invalidez y sobrevivencia, 408 mil personas reciben pensión básica solidaria (PBS), para beneficia a quienes no tienen ahorro y que parte en $164 mil mensuales. Además, poco más de un millón de personas recibe un aporte previsional solidario (APS) si su jubilación es baja, el que en promedio es de $124 mil mensuales.

El regulador estima que al elevar del 60% al 80% de vulnerabilidad la cobertura del Pilar Solidario, los beneficiarios pasarían de 1,4 millones a 1,9 millones. El alza se concentraría en personas con APS, con poco más de 400 mil juevos beneficiarios. En síntesis, son 545 mil los adultos mayores que están entre el 60% y el 80% de vulnerabilidad, que hoy no reciben beneficios solidarios pero que con la reforma podrían obtener un APS de $ 118 mil (APS) o una PBS de $177 mil. Por ejemplo, un adulto mayor en esta situación que hoy recibe una jubilación de $173 mil, sumaría un APS que elevaría su pensión total a $291 mil.

Pero aún falta el acuerdo político para esto.

Costo fiscal de los retiros

Un tema que ha complejizado las negociaciones es el impacto de los retiros de fondos desde las AFP. Desde Ciedess enfatizan que junto con "desvirtuarse la lógica del ahorro de largo plazo y sin que se compensen los montos retirados, el efecto inevitable de estas políticas es generar menores pensiones futuras y actuales para quienes realizaron retiros, agudizando aún más el problema de las bajas pensiones". También critican que no se consideraran las advertencias desde el mundo técnico sobre el impacto en el mercado financiero y en el gasto fiscal, "como se han evidenciado con fuerza últimamente con la caída de los fondos más conservadores debido a la incertidumbre política generada en cada proceso y los montos que han debido liquidar las AFP".

En cuanto al costo fiscal, explican que si los retiros no se reponen, la pensión autofinanciada al momento de la jubilación será menor. Esto implica una mayor presión fiscal por dos vías: por un lado, personas que se queden sin saldo en sus cuentas y que en lugar de recibir APS deberán optar directo por una pensión solidaria; por otro, que quienes tras los retiros aun mantengan un saldo, requerirán un APS mayor que previo a los retiros.

Los cálculos del organismo técnico apuntan a que el gasto adicional del Pilar Solidario por efecto del primer retiro desde las AFP ascendería a US$ 4.826 millones (1,8% del PIB). Se incrementaría a US$ 8.507 millones (3,2% del PIB) con el segundo y a US$ 11.783 millones (4,4% del PIB) al sumar los tres retiros para todo el horizonte proyectado (2021-2100).

Ya que los afiliados más vulnerables, que además tienen menores montos, retiraron todo o la mayor parte de sus ahorros con la primera ley, es ese primer retiro el que genera el mayor gasto adicional en el Pilar Solidario. "Lo anterior, además de mostrar el efecto regresivo de esta medida, explica que el primer retiro genera un gasto adicional más elevado para el SPS (US$ 4.826 millones), decayendo con los retiros posteriore a US$ 3.682 sumando el segundo retiro y US$ 3.276 millones al adicionar el tercero", precisaron.

Ley corta
Según las estimaciones de Ciedess, considerando el escenario con los tres retiros excepcionales de fondos, el costo de extender la cobertura del Pilar Solidario al 80% más vulnerable de la población en 2022 pasaría del 1,43% del PIB al 1,94% del PIB (medio punto del PIB de diferencia). Como se trata de beneficios que deben sostenerse en el tiempo, considerando además el progresivo envejecimiento de la población, la entidad técnica estima que para 2035 el costo fiscal de esta medida llegaría a 2,2% del PIB.

"Esta medida cobra mayor relevancia considerando el impacto de los retiros sobre los saldos de los afiliados, especialmente, aquellos más próximos al retiro. De dicho segmento, preocupa el caso de quienes quedan sin saldo, ya que de no continuar cotizando y no cumplir con los requisitos de acceso al sistema de pensiones solidarias, quedarían sin pensión", advirtieron desde la entidad.

Fuente: Pauta