Senado reactiva proyecto de ley que exigirá transparencia a gremios, sindicatos, AFP e isapres

Un nuevo proyecto de ley que eleva las exigencias de transparencia para las empresas que prestan servicios básicos, las asociaciones gremiales y sindicales y las organizaciones de la sociedad civil comenzó a ser visto con suma atención por el sector privado.

Se trata de la moción presentada por senadores de diversas tiendas políticas que establece que el principio de transparencia de la función pública consagrado en la Constitución y en la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información del Estado se deberá aplicar de forma completa a las empresas privadas que prestan servicios de interés público, como de salud (como las isapres), seguridad socia (las AFP), electricidad, agua potable, telecomunicaciones, gas y empresas concesionarias de autopistas.

El texto legal también establece que los gremios empresariales, las asociaciones sindicales y las organizaciones de la sociedad civil deberán cumplir con algunas exigencias de la la Ley de Transparencia, como informar a través de sus sitios electrónicos en forma completa, actualizada y fácil acceso las normas legales y reglamentarias que los rigen, su declaración de principios, estatutos y reglamentos internos, su código de conducta y sus fuentes de financiamiento. Asimismo, la iniciativa los obliga a reportar las declaraciones de intereses de las personas que integran su directorio y sus instancias de control ético, las cuales deberán ser actualizada anualmente. Por último, deberán dar a conocer las audiencias y reuniones sostenidas con autoridades y funcionarios públicos en virtud de la Ley que Regula el Lobby.

Y si bien el proyecto de ley fue ingresado a mediados de 2016 al Congreso, la Sala del Senado aprobó a inicios de enero que fuera revisado por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y el pasado miércoles comenzó a ser discutido por dicha instancia.

Visiones

El miembro de la comisión y uno de los autores de la iniciativa, senador Hernán Larraín (UDI), explicó que "nosotros hemos presentado un proyecto con un grupo de senadores, cuyo propósito es llevar la transparencia también al sector privado".

No obstante, el parlamentario gremialista aclaró que "no se trata de intervenir en lo privado, sino que quienes actúan en la esfera pública. Por ejemplo, cuando viene la Confederación de la Producción y del Comercio al Congreso (CPC) a hacer presentes sus inquietudes respecto de la Reforma Laboral, es importante que el país sepa quiénes son (…) que de esas organizaciones se sepa quiénes son, cómo se financian, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus reglamentos, sus códigos de conducta sus actuaciones de lobby, etcétera".

Actualmente, la entidad encargada por velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información del Estado es el Consejo Para la Transparencia. Su presidente, Marcelo Drago, estimó que el proyecto "plantea una revisión de los sujetos obligados en materia de transparencia activa y pasiva (…) En estas materias hay que avanzar".

Para Drago, la ampliación de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia que rige a las entidades públicas es una discusión que es muy atingente a los 10 años de existencia de la norma, por lo que el proyecto de ley puede insertarse dentro de esta mayor revisión de la ley.

Sin embargo, la CPC considera que el error más grave del proyecto de ley es atribuir a las asociaciones gremiales el ser depositarias de una función pública. A juicio de la multigremial empresarial, esto no sería así por lo que las exigencias planteadas en el proyecto serían inconstitucionales.

El gerente general de la CPC, Fernando Alvear, adviertió que "si bien pensamos que todo lo que apunte a dar más transparencia es importante, porque ayuda mucho a la generación de confianzas, las cuales no están en su mejor nivel, de todas formas pensamos que es muy importante ver cuáles serán los mecanismos que se usarán para ello".

Para Alvear, "el proyecto insertar a los gremios dentro de una ley que es propia del sector público y de las empresas del Estado, no corresponde. Sí corresponde tratar estas materias en la ley propia de las asociaciones gremiales", haciendo alusión a la normativa que está bajo el alero del Ministerio de Economía.

Fuente: Pulso