Uno de cada cinco pacientes está en la lista de espera AUGE por diagnóstico o sospecha de cáncer

De las atenciones pendientes en el sistema público de salud, aquellas que están relacionadas con enfrentar un cáncer debieran ser prioridad. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó la comisión de expertos convocada por el Ministerio de Salud este año para analizar las muertes de pacientes que estaban en lista de espera hasta 2016. El razonamiento fue simple: en los casos oncológicos, la detección y tratamiento oportuno hacen la diferencia entre la vida y la muerte.

Desde entonces, el Ministerio de Salud anunció que los pacientes con cáncer y los niños del Sename -estos últimos, por su vulnerabilidad- serían priorizados. Pero igualmente, si se observan las cifras del Ejecutivo a septiembre de este año, se tiene que uno de cada cinco pacientes que está en lista de espera AUGE requiere una prestación para enfrentar un cáncer.

Lo anterior quiere decir que de las 9.025 atenciones pendientes, 1.664 corresponden a garantías retrasadas, es decir, que se cumplió el plazo legal que da el AUGE para dar la atención y todavía no son atendidos. Según los datos del Ministerio de Salud, el tiempo de retraso para esas prestaciones va desde 54 días a los 165 días, es decir, más de cinco meses.

La mayoría de las atenciones retrasadas son para mujeres con cáncer de mama o con cáncer cervicouterino y pacientes con cáncer colorrectal (ver infografía).

Felipe Tagle, presidente de la Fundación Linfoma Chile, sostiene que "un cáncer detectado a tiempo es sinónimo de vida. Pero aquí, en el sistema público, hay que tener suerte para lograr la atención y tener buen pronóstico".

El AUGE, en la mayoría de los cánceres, considera la garantía de oportunidad y acceso para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades. Los datos del Ministerio de Salud no detallan en cuál de esas etapas se da el retraso. Solo sobre las atenciones pendientes para cáncer de mama, el informe de la cartera afirma que "de las 527 garantías retrasadas, 272 corresponden a confirmación diagnóstica, y 203, a tratamiento adyuvante", respecto de las cuales se ha hecho un trabajo especial para solucionarlas.

"Estos son los casos en los que si no se recibe atención a tiempo, los pacientes se mueren. Pero lo que vemos es que aunque el AUGE tiene plazos que cumplir, igual nunca hay hora médica y la persona tiene que resignarse y esperar", afirma Margarita Orellana, vocera de la Agrupación Nueva Vida de Rancagua, que congrega a pacientes con cáncer de mama.

Orellana se atiende en el Hospital de Rancagua, el mismo que ha estado en la polémica los últimos días después de conocerse que la Fiscalía de O'Higgins investiga la muerte de 16 pacientes que fallecieron luego de haber sido sacados de la lista de atenciones pendientes y los casos de otras 49 personas que esperaban atención para enfermedades como cáncer y que fueron sacadas de la lista de espera sin haber recibido la atención.

Fiscal especial

Sobre la situación en Rancagua, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, contó ayer que en paralelo a la investigación judicial, la cartera nombró al director del Servicio Metropolitano Central, Jorge Martínez, como fiscal para una indagación interna. "Hemos enviado a un director de servicio, que tiene la mayor jerarquía para poder formalizar a cualquier persona que tenga responsabilidad administrativa", dijo.

La subsecretaria aseguró, además, que después de recibir en agosto el informe de la comisión de expertos, "donde se estableció que en algunos pacientes podría haber una potencial relación (entre su muerte y haber estado en lista de espera), nosotros estamos llevando a cabo más de 400 auditorías a nivel de todo el país, que involucran desde el año 2011 a la fecha, de pacientes jóvenes que habían sido derivados a oncología y que podría haberse dado alguna relación potencial". Detalló que es un trabajo que se está haciendo, revisando fichas clínicas, y que "esperamos ya en los próximos meses tener claridad respecto de esos resultados".

Igualmente, la diputada independiente Karla Rubilar contó que pedirá a Contraloría instruir un sumario, porque durante este año el Ministerio de Salud tenía la obligación de informar al Congreso sobre los pacientes que han muerto estando en lista de espera en 2017 y hasta ahora no lo ha hecho.

Fuente: El Mercurio