Sebastián Pavlovic y ¿fin de las isapres?: "No es el ánimo que tengo ni que el Gobierno tiene"

Pese a los malos augurios que hacen las isapres, para Sebastián Pavlovic, superintendente de Salud, el sistema privado no está en una situación terminal. No obstante, eso no le impide reconocer que se ha generado una industria de la judicialización tras las alzas en el precio de los planes base. En ese contexto, aclara que no está por terminar con las isapres y que tiene el sentido de urgencia para entender que deben viabilizar un esperado proyecto de ley que genere los cambios regulatorios que le den sustentabilidad al sistema.

¿Cuál es su evaluación del actual estado del sistema isapre?

-En general, tenemos un sistema que está enfrentando una situación de problemas regulatorios serios, de judicialización muy exacerbada, de crisis de una forma de funcionar que exige repensar las reglas del juego y las formas en que los actores de la industria se están comportando. No lo veo en una crisis terminal, pero sí hay situaciones que no pueden postergarse en el tiempo indefinidamente.

¿Cuáles son los más críticos?

-Tienes un fallo del Tribunal Constitucional de 2010 que declaró al margen de la Constitución un paquete de normas y, por cinco años, el sistema ha seguido funcionando con un vacío normativo bastante importante en la forma de tarificación, por ejemplo. Paralelamente se ha dado la judicialización del alza del precio base y tienes una creciente conflictividad tanto en tribunales como en la propia superintendencia, que en el fondo habla de un sistema en el cual sus usuarios, pese a que no les interesa migrar del sistema, sí están en una situación de permanente desconfianza frente al servicio que reciben. Entonces, tienes no sólo un problema de opinión pública que parece evidente, sino que además de funcionamiento de los actores del mercado con asimetrías muy importantes que no han podido ser resueltas, con una opacidad en la forma en que opera, con problemas efectivamente regulatorios y de comportamiento de la industria durante muchos años que hoy generan una situación que debe ser revisada.

¿Lo más crítico es lo de la judicialización? Pensando en lo que ha ocurrido y en que, por lo menos en el horizonte cercano, no se ve una solución.

-Por un lado está el problema de funcionamiento de la industria vinculado a la judicialización. El fenómeno de la judicialización es algo que no se había dado en ningún otro sector social o económico de Chile antes. Ningún sector es proyectable en el mediano-largo plazo con una situación así de creciente. Evidentemente, la judicialización es un problema. Pero eso ante todo es síntoma del problema que mencioné antes.

¿Está afiliado a una isapre?

-No

Está en Fonasa...

- Sí

¿Cuál es su percepción del sistema público?

-El sistema de salud público tiene sus propios problemas vinculados fundamentalmente a las brechas en materia de infraestructura y de capital humano y la capacidad que tiene el sistema para retener capital humano calificado y, de esa forma, satisfacer las expectativas de la población en materia de salud. Hay problemas reconocidos en materia de listas de espera; pese a que el AUGE funciona y está bien valorado por la población, tiene un pequeño porcentaje de incumplimiento. Es un tema muy relevante respecto al cual por muchos años no hemos podido hacernos cargo en su complejidad, porque está vinculado en parte a la oferta de capital humano calificado y también a aspectos que se vinculan a una creciente demanda de la población a aspectos metodológicos, en que por ejemplo el decreto de 2013 aumenta hasta 80 las patologías incluidas en el AUGE sin inyectar los recursos necesarios para poder dar cuenta de esa nueva demanda que se estaba generando.

¿Cómo se entiende que los afiliados sean muy críticos con el sistema privado, pero la evaluación es bastante positiva cuando se les pregunta por el nivel de satisfacción con su isapre?

-La evaluación de la población sobre su sistema de salud en el sector público es un poco más mala, pero en el sector privado no es mucho mejor, los promedios están dentro de lo mediocre, para ser claros.

Pero ante la opción de si se cambiarían, la respuesta es no…

-Claro. Respecto de los dos sistemas, lo que las personas evalúan es el contacto con el sistema de salud, y la continuidad de contacto tiene que ver con la red de prestadores y evidentemente la red de prestadores que el sistema privado le ofrece a las personas es lo que valoran. Donde le aprieta a las personas tiene que ver con los costos, con las coberturas, con la falta de protección financiera y es allí donde entra en crisis con el sistema asegurador. Y en el sistema público, las personas logran incluso hacer alguna distinción y en general Fonasa es una institución que está bien valorada. No tanto así, la capacidad de respuesta que tienen las redes asistenciales públicas.

Pese a no querer irse de las isapres, a que en el sistema privado no hay listas de espera y a la red prestadores, hay una creciente judicialización, ¿de qué manera se puede abordar esto?

-Se ha generado una industria de la judicialización. El estándar que han fijado los tribunales de justicia es un estándar que hasta el día de hoy no logra ser cumplido por las instituciones, eso es lo primero. A partir de esta situación, surge la necesidad de que lo que hay que cambiar es el sistema regulatorio. El reajuste unilateral de precios no tiene legitimidad suficiente, aun cuando se le incorporen elementos de mayor competencia, que es un poco el debate que ha habido respecto a un escenario de plan único. Aun en ese escenario, el sistema de salud es un sistema de asimetrías que son estructurales y que, por lo tanto, es muy claro que tiende a la imperfección. Por lo tanto, necesariamente tiene que haber un espacio de mayor regulación que le dé mayor legitimidad y transparencia al proceso de ajuste de incorporación de mayores costos.

¿Cuánto más puede esperar el sistema?

-Si bien es una situación que exige cambio, no veo que el sistema esté en una situación terminal, pero sin duda nosotros compartimos el sentido de urgencia y tenemos sentido de urgencia, en el sentido de que efectivamente tenemos que viabilizar un proyecto de ley que genere un cierto consenso político, que sea viable políticamente, pero que al mismo tiempo genere los cambios regulatorios que le den viabilidad al sistema.

¿Qué le parece que entre las isapres se piense que usted está por la idea de terminar con el sistema?

-No es lo que yo he dicho desde que asumí como superintendente. No es el ánimo que tengo ni que el Gobierno tiene, explícitamente lo ha dicho tanto el ministro de Hacienda como en su momento la ministra Molina y la ministra Castillo. En nuestras acciones lo que queremos es buscar soluciones al problema regulatorio que tiene el sistema.

Las isapres señalan que hay un mayor envejecimiento de la cartera de afiliados, lo que incide en un mayor uso de las prestaciones y eso necesariamente tiene que reflejarse en costos, ¿es posible que no hayan alzas de precios o reducir los precios?

-No, nosotros no hemos planteado eso. Entendemos que hay factores de mayor uso, de envejecimiento de la población o de aspectos de incorporación de nuevas tecnologías, que efectivamente pueden presionar los precios al alza. Pero lo que vemos es que el sistema tal como venía funcionando no contenía en sí mismo ningún incentivo para que las entidades cumplieran con el rol que tiene un seguro.

¿Cómo llegamos a una solución intermedia para abordar los aspectos más críticos antes de tener una reforma que, viendo el contexto, va a tardar muchos años?

-Las bases de consenso técnico-político están en el informe presidencial de expertos convocados por la Presidenta Bachelet. Eso tiene validez, eso ha inspirado todo el trabajo de todo este tiempo, con todas las simulaciones que hemos hecho, hemos estado trabajado tanto con el Banco Mundial como la Organización Panamericana de la Salud para poder proveernos de la mayor información posible en un escenario que tiene altos grados de incertidumbre de todas formas y yo todavía. Pese a que efectivamente hay muchos que están pesimistas respecto del espacio político, mi impresión es que la necesidad, la urgencia y el consenso político técnico están dados para que una vez presentado el proyecto éste pueda ser viable políticamente.

"Miramos con mucha atención los indicadores financieros de las isapres"

Según un documento de la superintendencia, tres isapres, que si bien cumplían con los estándares impuestos, en 2015 mostraron una drástica baja en la liquidez. ¿Eso es una luz amarilla dado que podría ser interpretado como un efecto directo de la judicialización?

-Entendemos que la judicialización es un problema, pero entendemos que es ante todo el síntoma de un problema. Efectivamente, la judicialización, sobre todo en materia de costas, representa una desviación de recursos desde el sistema hacia otros fines. Si uno compara esos costos dentro de lo que son, por ejemplo, sus costos de administración y ventas, todavía sigue siendo un costo relativamente marginal. Lo que vemos es que en general tienen un problema de contención de costos importantes. Nos parece que si bien han sofisticado sus procesos para hacer control de gastos en materia de licencias médicas, lo que vemos ahí siempre es un control ex post, tratar de evitar mal uso, disminuir los días. Pero que los seguros de salud tengan a su cargo el pago del subsidio de incapacidad laboral por enfermedad debiera estar también asociado a incentivos para que procuren que las personas no se enfermen, que haya más prevención.

¿Se han puesto en el escenario de que una isapre entre en una situación crítica en términos financieros que no le permita seguir operando? ¿Qué pasa con los afiliados?

-Nosotros miramos con mucha atención los indicadores financieras de las isapres desde marzo de 2014. Cuando llegamos, uno de los temas fundamentales que conversamos con los equipos de fiscalización fue monitorear permanentemente la situación financiera, porque había situaciones de isapres que en un año tenían más de $20 mill millones de utilidad y el siguiente $200 millones de ganancia. Entonces dijimos que era un aspecto que había que mirar.

Hasta ahora todas las isapres cumplen con los indicadores legales, pero obviamente que no sólo estamos mirando la foto, sino que la evolución de estos indicadores de patrimonio, de liquidez y solvencia. Y también miramos con atención "el ruido" que viene desde el sector de los prestadores (por los aplazamiento de los pagos por parte de algunas isapres). Originalmente vino gente de la Asociación de Clínicas con información no completamente precisa como para poder afinar bien la puntería, pero en los últimos dos meses hemos ido recopilando más información y estamos monitoreando de manera permanente para evaluar si esto se relaciona con ciertas pugnas que tienen que ver con el rol que los seguros deben cumplir.