Ex superintendentes critican actuar de la Contraloría en caso AFP Cuprum-Argentum

Lejos de aquietarse, la polémica entre la Contraloría y la Superintendencia de Pensiones por la autorización que dio ésta última -cuando era encabezada por Tamara Agnic- para la fusión entre las AFP Cuprum y Argentum, sigue creciendo. Y es que no sólo está en juego el goodwill tributario por $80 mil millones, sino que las actuaciones del organismo contralor, para muchos, parece riesgoso.

A comienzos de marzo, a través de una resolución, el regulador de pensiones -que desde febrero tiene a Osvaldo Macías como superintendente- ratificó que pese a no haber sido un proceso idóneo, no correspondía invalidar la fusión. Tras ello, la subcontralora Patricia Arriagada (el contralor Jorge Bermúdez se inhabilitó en el caso) dijo el 15 de marzo ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que "en este momento, estamos a la espera de pedir información a la superintendencia respecto de qué ha hecho de acuerdo a los dictámenes que hemos emitido y, por tanto, ahí vamos a tener la información oficial, lo que se va a analizar es si esta resolución corresponde al procedimiento que el artículo 53 de la Ley 19.880 establece para la invalidación, si es invalidación o no, tendremos que analizar el tema". Días después, Macías acudió a las oficinas de Contraloría.

Pero no fue ésta la única actuación de la subcontralora en esta materia, ya que en diciembre pasado había cuestionado la fusión Cuprum-Argentum, lo que fue ratificado en febrero de este año en otro dictamen.

Por ello, es que para algunos las actuaciones de la Contraloría parecen estarse transformando de a poco en un regulador de las superintendencias, algo que podría poner en riesgo la certeza jurídica del mercado de capitales.

Consultados algunos ex superintendentes, al menos ven un riesgo en el proceder que ha tenido el organismo.

El ex titular de la SVS, Alejandro Ferreiro, señala que "la Contraloría en su dictamen inicial dice que no es competente para hablar del asunto. Pero lo vimos asumir un rol que no parece coherente con su declaración de incompetencia. No me parece del todo claro hasta dónde la Contraloría tiene tuición para invalidar la decisión de la Superintendencia".

"La Super ha dicho que aquí hay errores, pero el error no se subsana con la nulidad del hecho, sino con la validación de lo logrado en respeto a los principios de buena fe de lo administrado", apunta.

El también ex titular de la SVS, Álvaro Clarke, comenta que la situación "está tomando un camino cuyas consecuencias son poco predecibles y, por lo tanto, está yendo por un vía que podría, en alguna medida, importar el riesgo de las futuras decisiones. No solamente de la Superintendencia de Pensiones, sino de cualquier otra puedan ser cuestionadas en esta instancia y, por lo tanto, de alguna manera le podría estar restando certezas de las mismas y agregando innecesariamente un componente incertidumbre que puede no hacerle bien a la regulación del marco regulatorio de las diferentes Superintendencias en Chile ni en la función fiscalizadora que cumplen".

De hecho, en entrevista con PULSO, Fernando Coloma, también ex superintendente de Valores, señaló que "me parece tremendamente perturbador para el funcionamiento de los organismos reguladores el que otra instancia distinta, sin el conocimiento técnico, experiencia, especialización y oportunidad necesarios, pueda tener injerencia en la toma de decisiones que corresponden a las Superintendencias financieras o en relación a la interpretación de las normas cuya supervigilancia compete exclusivamente a dichos organismos reguladores".

Falta de certezas
Si bien la Contraloría no se ha pronunciado sobre el beneficio tributario, sí lo ha hecho sobre el procedimiento mediante el cual autorizó la existencia de una AFP, Argentum, con la única condición de que se fusione con Cuprum, algo que, a grandes rasgos, a juicio del organismo contralor no procede, pues una compañía que no existe no puede fusionarse con otra.

"Hay un error. Pero, por otro lado, el privado siguió a pie juntillas las indicaciones de la Superintendencia. Operó de buena fe en el cumplimiento de esas instrucciones con las expectativas de aprovechar un beneficio tributario que estaba legalmente disponible", sostiene Ferreiro.

El ex titular de la SVS apunta que "esto va a generar mucha incertidumbre a futuro, porque lo que teníamos antes era cierta claridad de que las decisiones de la Superintendencia son objetables ante los tribunales de acuerdo a los recursos establecidos en la ley. La intervención de la Contraloría como instancia para sancionar al regulador es bien extraordinario, bien escaso y a mi juicio no ayuda a generar certeza jurídica o claridad respecto al marco regulatorio de una industria".

"Me parece algo anómalo la intervención de la Contraloría, particularmente, cuando en este caso además dice que en esta materia ellos son incompetentes", complementa.

Según Clarke, "que pueda afectar la certeza institucionales y la debida aplicación del marco regulatorio y por lo tanto que pueda afectar la percepción en los agentes económicos que se relacionan en los distintos ángulos de regulación, tanto en el sector financiero como en el sector real, es una innecesaria incertidumbre sobre quienes aplican la regla del juego en estos mercados y eso a mi juicio está completamente resuelto por la ley".