Los cambios al sistema de AFP que baraja el gobierno

Ad portas de entrar en la segunda mitad y final de su período, la administración de la Presidenta Miche-lle Bachelet comienza a repasar los compromisos pendientes y a trazar los pasos que dará en 2016. Por eso, en paralelo a una agitada agenda legislativa -que en el plano económico ha estado concentrada en la reforma laboral, el presupuesto del próximo año, el reajuste del sector público y los cambios eventuales a la reforma tributaria-, el Ejecutivo avanza sigilosamente en algunas de las iniciativas que a partir de marzo pondrá en la primera línea de debate. Es así como al interior del Ministerio del Trabajo ya está en gestación el "corazón" del que será el próximo proyecto emblemático del área: una nueva fase de cambios al sistema de pensiones.

En septiembre de este año y al recibir el Informe Final de la Comisión Bravo con 58 propuestas para reformar el régimen previsional -tras más de un año de trabajo por parte de la comisión asesora presidencial que no estuvo exento de polémi-ca-, la Presidenta Bachelet anunció la creación de un comité de ministros que estudiaría la viabilidad de dichas recomendaciones. Y pese a que la instancia que conformarían los titulares de Hacienda, Trabajo, Economía, Sernam y Secretaría General de la Presidencia (Segpres) aún no se reúne, la subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, asegura que el gobierno no está "paralizado" en esta esfera.

"El comité de ministros se va a reunir antes de fin de año, probablemente en diciembre. Nuestra subsecretaría está elaborando una presentación que hará al comité sobre un análisis que hemos hecho del informe de la comisión asesora presidencial (...). Vamos a estudiar de acuerdo a la realidad y a la situación económica del país las posibilidades y medidas más urgentes. Vamos a hacer una propuesta en virtud de eso", asegura la autoridad.

El informe de la Comisión Bravo, recalca Urquieta, "no quedará guardado en un cajón de aquí al próximo período". Es más, precisa que "muchas de las iniciativas" contenidas en el documento "están planteadas para el próximo año". Algunas, precisa la subsecretaria, tendrán carácter administrativo y otras serán de tipo legal. "La voluntad política es avanzar en este período lo más que podamos", enfatiza.

Además de Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuestos (Dipres) también han iniciado estudios al respecto, comentan ex integrantes de la Comisión Bravo contactados en las últimas semanas por especialistas de dichas reparticiones. Otros, incluso, señalan haber recibido llamadas de algunos titulares del comité de ministros que buscan prepararse para el debate que se avecina.

Fuentes de gobierno hablan de un proyecto misceláneo para modificar el sistema de pensiones, que podría ingresar al Congreso el primer semestre de 2016. Con esta iniciativa, se profundizaría la reforma previsional de 2008, proyecto emblemático de la primera administración Bachelet, ampliando la cobertura del Pilar Solidario que hoy beneficia a los pensionados de hasta el 60% más pobre y que es de cargo fiscal.

Aunque la subsecretaria Urquieta se abstuvo de entregar detalles respecto de qué recomendaciones del Informe Bravo impulsarán, desde el Ejecutivo señalan que una de las propuestas que corre con ventaja por su alto impacto en la pensión final es aumentar gradualmente la tasa de cotización obligatoria, desde el actual 10% (más comisión) a 14%, con cargo del empleador.

Otra medida transversalmente calificada como potente es subir la edad de jubilación de las mujeres desde el límite actual de 60 años hasta un nuevo umbral de 65 años. Sin embargo, una acción de este tipo genera discrepancias al interior del oficialismo, donde algunos sectores plantean que podría tener altos costos en un año electoral.

Pese a que aún está en etapa preliminar, desde el gobierno aseguran que en términos generales el proyecto conservará la matriz del esquema actual y no buscará abrir un debate en torno al modelo. La propuesta sí incluiría acciones orientadas al mercado de las AFP que perseguirían reducir las comisiones que pagan los usuarios. En este contexto, hasta el momento en Trabajo barajan, al menos, seis temas en los que se puede avanzar en los próximos dos años. Eso sí, todas las propuestas pasarán, primero, por el comité de ministros para que, posteriormente, la Presidenta Bachelet tome la decisión final de qué modificar.

*Aumentar la tasa de cotización a 14%

Una de las principales propuestas que en Trabajo evalúan poner sobre la mesa del comité de ministros es aumentar la tasa de cotización previsional obligatoria, añadiendo un 4%, pero con cargo del empleador. El aumento se sumaría a la cotización de 10% (más comisión) que hoy aportan obligatoriamente los trabajadores dependientes.

Dado que la Comisión Bravo constató "evidencia" de que esta medida "provoca efectos en el empleo y en los salarios", en la cartera estarían considerando la recomendación de aplicar un alza gradual, en un período de al menos cuatro años.

El trabajo del grupo arrojó que la tasa de ahorro vigente "es relativamente baja, tanto en comparación con la existencia a nivel internacional como con las que exhibió el sistema antiguo de pensiones". En octubre, el economista David Bravo -que dirigió la comisión- aseguró en un seminario que esta es una de las 25 medidas del informe factible de implementar en el corto plazo.

"Un aumento de uno, dos, tres y cuatro puntos porcentuales en la tasa de cotización incrementaría las pensiones autofinanciadas en el largo plazo en 10%, 20%, 30% y 40%, respectivamente", dijo la comisión.

* Tabla única

Al pensionarse, el monto que recibirá mensualmente el afiliado se calcula en base a una tabla de mortalidad diferenciada por sexo. Este mecanismo, instaurado por el Decreto Ley 3.500 que creó el sistema de AFP en 1980, provoca que a igual saldo, edad y grupo familiar, la pensión de las mujeres sea menor a la de los hombres, debido a sus mayores expectativas de vida.

Este mes, las superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Pensiones emitieron una normativa conjunta con los parámetros que comenzarán a regir en las tablas de mortalidad desde el 1 de julio de 2016. Estas proyectan que las mujeres afiliadas al sistema de pensiones que hoy tienen 60 años (edad legal de retiro) vivirán, en promedio, hasta los 90,3 años: un año y dos meses más respecto de las tablas vigentes. Esto implica que las pensiones por retiro programado bajarán en promedio 2,2% respecto de las calculadas con las tablas vigentes, ya que el mismo monto debe cubrir una mayor longevidad.

Por eso, otra de las propuestas que Trabajo analiza es eliminar estas tablas diferenciadas por sexo. En su reemplazo, se instaurarían tablas unisex, con un cálculo uniforme del riesgo de longevidad. La Comisión Bravo sostuvo que esta propuesta es complementaria a una eliminación del retiro programado -materia que también estaría en evaluación por parte de Previsión Social- y a una equiparación de las edades legales de jubilación, medida que generaría diferencias en el oficialismo.

Además de no diferenciar por sexo, la instancia técnica también sugirió ajustar estas tablas a las expectativas de vida que desarrolla el INE en función de las variables demográficas. Esto requeriría revisar la legislación que hoy permite que la SVS genere estas tablas en lugar del organismo estadístico del gobierno.

* Reducir los fondos a tres

El sistema de ahorro previsional no es fácil de usar. Esa es una de las conclusiones compartidas tanto por la Comisión Bravo como por integrantes del gobierno. Por eso, otra de las materias bajo el análisis de Trabajo es reducir de cinco a tres los multifondos.

El sistema actual de ahorro para la pensión futura se basa en cinco fondos de pensiones: A, B, C, D y E, donde el primero es el más riesgoso, con alta exposición en inversiones variables, y el último es el más conservador, centrado en renta fija.

Los técnicos de la comisión estimaron que esto podría aumentar el volumen de ahorros acumulados al final de la vida activa, ya que se reducirían las eventuales situaciones de pérdida crítica de patrimonio debido a una crisis bursátil, especialmente en los trabajadores de mayor edad.

* Fin del retiro programado y licitación de stock

Otra de las propuestas que podría presentar Trabajo al comité de ministros es poner fin a la modalidad de pensión basada en el retiro programado. Según técnicos, esta modalidad alternativa a la renta vitalicia se traduce en jubilaciones decrecientes en el tiempo y traspasa el riesgo de longevidad al pensionado. Sin embargo, integrantes de la comisión consideran que sería una medida compleja de concretar en el corto plazo.

También estudiarían incorporar a la licitación de cartera -hoy limitada a los nuevos cotizantes- una fracción de los antiguos afiliados. Esto elevaría los incentivos para participar, facilitando la alternancia de la AFP más barata, haciendo el proceso más competitivo y propiciando una caída en el promedio de las comisiones cobradas a los afiliados.

* Fin de la comisión de intermediación

En los planes de Previsión Social también está poner fin a la comisión de intermediación. Un estudio publicado en noviembre de 2014 por el Departamento de Estudios de la subsecretaría, constata que "estas comisiones se pueden interpretar como un subsidio directo desde los cotizantes a las utilidades de las AFP, ya que éstas las descuentan directamente de los fondos de pensiones y no como un costo asociado íntegramente a su proceso de negocios. Es decir, son un costo operacional que no recibe ese tratamiento y en un alto porcentaje se constituyen un subsidio para las AFP".

Además de la comisión por la administración de las cotizaciones previsionales, las AFP cobran una comisión por las inversiones realizadas en el extranjero o en fondos mutuos. Esto, debido a que recurren a intermediarios financieros que cobran comisiones calculadas como un porcentaje de los fondos invertidos y cuyo costo es descontado del mismo fondo. "El costo de los intermediarios es traspasado a los cotizantes (...), situación agravada por tratarse de un cobro asociado a una situación que no elige el cotizante y que no se informa como costo explícito", fustiga el texto de Previsión Social.

Agrega que el gasto total en comisiones alcanzó unos US$ 440 millones en 2013. También, que las administradoras sólo han pagado poco más de 0,1% del gasto total en comisiones desde 2004 a la fecha. Respecto del costo total del sistema, US$ 743 millones son reportados por las AFP y US$ 358 millones, generados por las comisiones de intermediación, cuyos costos equivalen a un tercio del costo total que significa rentabilizar los dineros de los cotizantes por parte de las administradoras. "Las comisiones cobradas, como porcentaje de fondo pueden tener gran impacto sobre las pensiones (...). Debería evaluarse el transitar a un esquema regulatorio que privilegie la protección de los fondos previsionales y los efectos sobre las pensiones de los afiliados, más que el costo promedio de las comisiones de los vehículos de inversión que ofrece el mercado, puesto que el fin del sistema previsional y los fondos de pensiones es proveer pensiones", dice el análisis de la subsecretaría.

*Ampliar el Pilar Solidario

Ampliar la cobertura del Pilar Solidario desde el actual 60% de la población más pobre a 80% es uno de los compromisos del programa de gobierno. "Una vez aprobada la reforma tributaria (...) se avanzará en cambios paramétricos que aumenten los beneficios y la cobertura del sistema de pensiones solidarias", dice en el programa con que la Presidenta Bachelet llegó al poder.

La Comisión Bravo estimó que si se elevara en 20% el monto de la pensión básica solidaria (PBS) y de la Pensión Máxima con Aportes Solidarios (APS). Así, el costo del sistema de pensiones solidarias que financia pasaría desde el actual 0,9% del PIB a 1,2% del PIB. "Más que en el costo, en el tema de pensiones hay que pensar que es una inversión, porque uno está haciendo una inversión respecto del gasto. Si no logramos resolver el problema de pensiones en su totalidad, igual el costo a futuro lo tendrá que asumir el Estado", dice Urquieta. De todos modos, el Fisco tiene el colchón del Fondo de Reserva de Pensiones que se activaría en 2018 y que a septiembre pasado sumaba US$ 8.142,7 millones.

fuente: La Tercera