Alerta en las isapres: Masvida, Banmédica, Cruz Blanca y Consalud registran pérdidas operacionales al tercer trimestre

No es solo que los resultados operacionales de las isapres muestren números rojos, sino que el panorama futuro no se ve alentador. A septiembre, Masvida anota una pérdida operacional de $7.030 millones. Le siguen Banmédica, Cruz Blanca y Consalud, con déficits de $3.813 millones, $1.156 millones y $708 millones respectivamente. El año pasado, al tercer trimestre, solo Masvida presentaba pérdidas operacionales por $3.379 millones.

Y si bien el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, declinó comentar la situación que pueda enfrentar cada isapre, sí enfatizó que el resultado operacional de la industria, considerando la judicialización, arroja pérdidas por $4.106 millones.

Esto, debido a que se ha generado un gasto en costas de $14.871 millones y las isapres han dejado de percibir $5.552 millones producto del congelamiento del precio de los planes de los afiliados cuyos recursos de protección han sido acogidos en las Cortes de Apelaciones.

Es más, Caviedes proyecta que este déficit podría alcanzar los $25 mil millones al cierre del ejercicio 2015 si se mantienen constante los gastos sin considerar los ajustes que cada isapre pueda hacer en este período, algo que dice no conoce ni les corresponde saber.

Este nuevo costo está reflejado en los gastos de administración, que subieron 12% a septiembre respecto del ejercicio anterior. En el caso de Masvida, solo subió 2% ya que recién este año adecuó los precios de sus planes.

Isapres deberían subir su patrimonio

Hoy las isapres deben cumplir los niveles exigidos por los indicadores de solvencia: patrimonio, liquidez y garantía. Caviedes advierte que estas pérdidas no solo complejizan el escenario futuro sino que también alteran estos indicadores. Como las isapres no pueden incumplirlos, pues si ello ocurre, la Superintendencia de Salud tiene atribuciones para intervenirlas, las poco alentadores proyecciones podrían obligar a algunas aseguradoras a aumentar su patrimonio con este fin.

"Desconozco cuáles van a ser las reacciones de los propietarios, si van a estar dispuestos a incorporar capital en un sector que tiene una tremenda incertidumbre, donde no se conoce cuál va a ser el destino del proyecto de ley ni nada de eso. No va a ser una decisión fácil para los accionistas", advierte.

Por esto, alerta que se está corriendo un riesgo muy grande al exponer al sector a este escenario. Caviedes asegura que no podría aventurarse respecto de lo que enfrentarán en 2017 o 2018: "De mantenerse la tendencia de judicialización y de la poca movilidad de un proceso de reforma, es difícil que se pueda sostener un sistema de isapre en el futuro", afirma.

Explica que estas tendencias tienen un tope. Cuando el proceso de adecuación de precios es judicializado por un 8% de la cartera, el ajuste solo corrige el 75% de los mayores costos. Así, cuando llega al 10% de judicialización, el alza corrige el 70%. Pero si se llega al 30% de cartera con recursos de protección, entonces esto ya no es sostenible, porque los ingresos no suben y además hay que pagar las costas.

Caviedes recalca que hoy se produce una inequidad porque los que no judicializan están financiando la salud y las costas legales a los que sí lo hacen.

Alerta al Gobierno

Caviedes ha expuesto esta situación ante el gobierno: "Advertimos a la autoridad el grave daño que está causando la judicialización incontenible, que con una tasa de crecimiento de casi 50 mil demandas anuales, puede llevar a la industria a una situación compleja".

Por esto, la Asociación de Isapres manifiestó a la ministra de Salud, Carmen Castillo, y al superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, la necesidad de desarrollar una discusión urgente que permita resolver el problema de la judicialización. Para ello pidieron separar el proyecto de ley en dos: una ley corta que resuelva este escenario y otro que aborde el cambio al sistema.

"Un nuevo modelo de aseguramiento va a quedar sujeto a una discusión política que puede tomar varios meses, quizás varios años más. Después hay que considerar una posterior implementación, que puede ser de más de un año", sostiene.

Por esto, califica de "grave" que el superintendente no haya dado alguna señal sobre esta situación: "No se ha referido al aumento de los costos médicos, no ha anunciado volver a reeditar un índice de precios a la salud, ni tampoco ha tomado la propuesta que nosotros le hicimos a través de la Universidad de Chile, de crear un panel de expertos para transparentar esta situación. No lo ha considerado, porque no tiene conciencia de la gravedad que tiene este problema o dónde nos puede llevar".

Fuente: El Mercurio