Ciedess en revista RankiaPro Latam (España): Pensiones: los riesgos de una reforma estructural

Uno de los ejes principales de la reforma al sistema de pensiones es la reorganización de la industria en su pilar contributivo, estableciendo la separación entre las tareas de soporte y gestión de inversiones. Conforme a lo anterior, el encargado del soporte sería el nuevo administrador público (APA), que cumpliría labores de afiliación, recaudación, cobranza, administración de cuentas, pago de beneficios, atención de público, etc.; mientras que la gestión de inversiones pasaría a manos de entidades privadas (IPP), con o sin fines de lucro, y de una nueva gestora pública (IPPA), la cual sería, además, la responsable del nuevo componente colectivo solidario.

Según la propuesta del Gobierno, la separación de funciones tiene como objetivo mejorar la eficiencia del pilar contributivo, en directo beneficio de los afiliados. Se argumenta que existiría una reducción en los costos de administración (a partir de economías de escala en el soporte) y una mayor cobertura de atención, ambas por parte del APA; sumado a una mayor competencia entre el gestor de inversiones público (IPPA) y privados (IPP). Adicionalmente, se reemplaza el sistema de multifondos por un esquema de fondos generacionales (para los cuales supone un mejor desempeño) y el cambio delsistema de comisiones por flujo a uno porsaldo (promoviendo un mejor
alineamiento de incentivos).

Cabe reflexionar sobre estos argumentos y sus implicancias. Por una parte, respecto de la gestión de inversiones, parece razonable que la creación de un nuevo ente público, así como la reducción de barreras para la entrada de nuevos actores privados, serían elementos positivos para la competencia de la industria, no obstante se mantiene la interrogante si acaso eso implicará mejores rentabilidades y menores costos. Por otro lado, respecto del nuevo ente público de soporte, resulta discutible el supuesto de potenciales economías de escala en comparación con la situación actual que exhibe una industria que ha optimizado sus procesos luego de décadas de aprendizaje y experiencia acumulada. Así, la propuesta no estaría dimensionando adecuadamente el desafío y los riesgos que implicaría la implementación de nuevas instituciones públicas con las capacidades de gestión suficientes para sostener los actuales niveles de servicio en forma confiable.

Asimismo, importa tener presente la magnitud de los recursos que administraría la nueva institucionalidad pública, que se estiman entre un 30% y 60% del PIB, correspondiente al Fondo Integrado de Pensiones (6% adicional), más aquella parte del stock de fondos de pensiones y el flujo futuro del 10,5%, de quienes opten por el gestor público. Esto, no cabe duda, impone la necesidad de un diseño institucional robusto capaz de hacerse cargo de los riesgos de captura política, como también hace imperativo fortalecer la institucionalidad reguladora y fiscalizadora, que aun siendo
potenciada, es difícil anticipar si tendrá, en los hechos, el vigor suficiente para hacer frente a estas nuevas instituciones públicas, dado su tamaño y relevancia política y social. En definitiva, se trata de una reforma estructural, que conlleva riesgos que, si se materializan, podrían ir en contra del propósito de mejorar las pensiones de los chilenos.

Fuente: RankiaPro Latam ( España)