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CIEDESS expone ante la "Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía" de la Convención Constitucional

Rodrigo Gutiérrez Castro, gerente general de Corporación CIEDESS

Fuente: CiedessPublicado el 07 de diciembre de 2021.

Buenos días.

Un saludo a todas y todos los integrantes de la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía. Les agradezco especialmente por haber accedido a nuestra solicitud de audiencia a esta Comisión. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez, soy gerente general de CIEDESS, corporación privada sin fines de lucro creada por la Cámara Chilena la Construcción con la misión de contribuir a agregar valor a las políticas públicas en Seguridad Social. Somos una entidad que desarrolla su labor en forma independiente y con criterios técnicos. Somos una entidad autofinanciada, para lo cual prestamos servicios de consultoría y capacitación en temas de nuestra especialidad.

Nos sentimos motivados de participar en esta discusión por la relevancia histórica que tiene para el futuro de nuestro país. Si bien entendemos que esta Comisión está abocada a la definición de unamateria tan relevante como lo son los principios constitucionales más esenciales, tales como aquellos referidos a las personas y su dignidad, el respeto a los derechos humanos o la democracia; nos parece importante también establecer la relevancia de la colaboración y la participación social como principios claves de las bases de nuestro ordenamiento jurídico, en especial, por su carácter instrumental y su importancia para la materialización de las legítimas aspiraciones de las personas por tener una mejor calidad de vida.

Tenemos la convicción de que los principios de colaboración y participación social deben estar siempre presentes en la acción del Estado, en su misión permanente e irrenunciable de procurar el bien común. En tal sentido, también pensamos que estos principios deben guiar la forma de hacer políticas públicas, puesto que creemos que ello contribuye a avanzar en el logro de los desafíos que debemos imponernos como sociedad para responder a las necesidades y expectativas de mayor bienestar por parte de las personas. En síntesis, postulamos que la colaboración y la participación social deben trascender al ordenamiento jurídico y al marco institucional, debiendo estar presente en forma amplia en todo el quehacer nacional, tanto del Estado como de la sociedad civil.

Enfrentamos múltiples desafíos como país. Nuestra propuesta es consagrar la colaboración y la participación social como principios para enfrentar estos desafíos. Estos principios debiesen estar siempre presentes, principalmente, a lo largo del ciclo de materialización de las políticas públicas, desde la detección y priorización de las necesidades de la población, el diseño de las mejores soluciones para enfrentar dichas necesidades, así como en su implementación y posterior evaluación, ajustes y mejoras. Las políticas públicas no son materias que sean privativas del Estado. Por el contrario, deben convocar mayoritariamente al conjunto de la comunidad, actores de la sociedad civil y el mundo privado, mediante mecanismos ordenados y transparentes, inclusivos, no discriminatorios, siempre buscando también cumplir con criterios de eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos.

Por cierto, existen aspectos que deben ser reservados para el Estado, como ocurre en materia regulatoria y de fiscalización, puesto que de ello depende en gran medida la promesa de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Pero la implementación de políticas públicas destinadas a materializarlos no debe ser entendida de manera exclusiva y/o excluyente por parte del Estado.

Permítanme contextualizar.

Tenemos desafíos y enfrentamos un contexto de cambios acelerados. En efecto, somos testigos del cambio demográfico, del cambio climático, de los cambios tecnológicos que están transformando las organizaciones y los modos de producción y la economía, así como también están cambiando la forma de vivir la vida en familia y en sociedad. Las demandas sociales se multiplican y se profundizan. Vivimos un mundo que nos obliga al cambio adaptativo en forma casi permanente. Por si fuera poco, nuestro país debe enfrentar en forma recurrente desastres naturales (terremotos, incendios, inundaciones o sequías) y recientemente hemos debido enfrentar una pandemia global que nos ha golpeado fuerte con miles de muertos y contagiados. Muchas veces nos sentimos orgullosos por nuestra resiliencia y nuestras capacidades institucionales como país para sobreponernos a la adversidad y las dificultades; pero, eso no es suficiente.

Podemos ser mejores. Pero debemos entender que esta necesidad de cambio adaptativo requiere de una mejor y más oportuna capacidad de respuesta. El Estado y las instituciones responsables de materializar las políticas públicas deben incorporar mayor flexibilidad, lo cual sabemos que no siempre es posible por la rigidez normativa o la inercia y restricciones propias de la burocracia administrativa que muchas veces limitan la creatividad y los espacios para la innovación. Valoramos el esfuerzo realizado en la tarea de modernizar el Estado y la gestión pública, pero es necesario reconocer que los logros obtenidos aún no son suficientes.

En este punto entonces, relevamos nuevamente los principios de la colaboración y la participación social, puesto que la sociedad civil y el sector privado pueden aportar con su iniciativa, capacidades, experiencia y la flexibilidad que se requieren, adaptándose con mayor rapidez a los cambios del entorno y a la diversidad de las necesidades, intereses y preferencias de los distintos grupos y comunidades, en los diversos territorios.

También es importante destacar que la probabilidad de éxito de las políticas públicas también depende del grado en que la sociedad organizada se involucra en la solución de sus propios problemas. Asimismo, nos parece importante relevar casos de colaboración público-privada a lo largo de nuestra historia, en aspectos sustanciales de la convivencia nacional, tales como la seguridad social, la infraestructura pública o la protección del medio ambiente, por mencionar algunos.

En materia de seguridad social, es posible señalar que incluso desde mediados del siglo pasado existen entidades privadas que han jugado un rol relevante en la entrega de beneficios y prestaciones a los trabajadores y sus familias. Cabe mencionar a las Mutualidades de Empleadores, las cuales cumplen una función esencial en la cobertura de atención de salud frente accidentes y enfermedades laborales, junto con el despliegue de acciones de prevención de riesgos que han permitido reducir en forma consistente y sistemática las tasas de accidentabilidad laboral en el país. También es posible mencionar a las Cajas de Compensación, las cuales poseen un extenso rol en el otorgamiento de prestaciones sociales a los trabajadores y sus familias, al mismo tiempo que se han convertido en una alternativa al sistema financiero para la obtención de crédito. Tanto en salud como en pensiones existen modelos con gestores mixtos, donde en el primer caso conviven el seguro público de salud con aseguradoras privadas, o en el segundo donde administradoras privadas gestionan el componente de ahorro individual, mientras que un servicio público se hace cargo de administrar el componente solidario y el remanente del sistema antiguo de pensiones. En la cobertura en caso de cesantía, existe un gestor privado único, quien administra un seguro de desempleo con financiamiento tripartito al cual concurren trabajadores, empleadores y el Estado. Todos estos sistemas de seguridad social actualmente son objeto de demandas sociales crecientes por mejores prestaciones. No cabe duda que deben ser mejorados. Sin embargo, cabe también recordar que varios de ellos cuentan con institucionalidad para canalizar propuestas, ya sea mediante comisiones de usuarios o consejos consultivos, en los cuales participan representantes de los sectores público, privado y la academia. Lo anterior no obsta a que las discusiones futuras sobre propuestas de cambios o reformas a la seguridad social se lleven a cabo con generosidad política, sentido de urgencia y perspectiva de largo plazo. Cualquiera sea el escenario en el futuro cercano, proponemos que el espíritu de colaboración y la participación prevalezcan por sobre los intereses individuales, por el bien de todas y todos.

En otros ámbitos con alto impacto ciudadano, es posible citar el desarrollo de infraestructura pública, donde cabe destacar las mejoras significativas de los estándares de conectividad en transporte a través del modelo de concesiones aplicados en obras tales como autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, así como también es posible mencionar la existencia del Consejo de Políticas de Infraestructura como instancia público-privada que tiene como misión proponer a los Gobiernos políticas públicas de largo plazo en la materia.

Asimismo, en materia de protección del medio ambiente, es posible destacar las iniciativas amparadas bajo la institucionalidad de los Acuerdos de Producción Limpia, a través de los cuales se establecen compromisos sobre metas y acciones específicas para mejorar condiciones productivas y ambientales, eficiencia energética e hídrica, reducción de emisiones, entre otras acciones destinadas al cumplimiento de las normativas vigentes.

Estos son solo algunos ejemplos, con manifestaciones visibles para la ciudadanía.

En otro contexto, más recientemente, en pandemia, es posible observar diversos ejemplos de colaboración público-privada. Por mencionar algunos, los relacionados con la gestión centralizada de camas críticas del sistema público y privado de salud, la compra y provisión de equipos e insumos médicos, el despliegue de la campaña de vacunación universal para todos sin distinción en establecimientos públicos y privados, la cobertura para exámenes PCR, la implementación del seguro laboral obligatorio para el COVID, los protocolos sanitarios para el trabajo seguro, entre otros.

La conveniencia de la colaboración público-privada no se trata sólo de un asunto normativo, o porque creamos que sea lo adecuado desde una perspectiva del deber ser, o por flexibilidad, o por criterios de eficacia o eficiencia. Por el contrario, se refiere a reconocer que constituye una característica propia de nuestra tradición e idiosincrasia nacional, un rasgo sociocultural de los chilenos que nos distingue, al igual que otros atributos que nos caracterizan, como lo es la solidaridad, que se manifiesta de múltiples formas a lo largo y ancho del país y también en el transcurso de nuestra historia.

Queremos dejar de manifiesto, entonces, que la colaboración público-privada también ha sido el método a través de la cual se han logrado cosas importantes y es posible lograr muchas otras más en el futuro. Así, nuestro objetivo en esta presentación ha sido sensibilizarlos respecto de la relevancia de los principios de la colaboración y la participación, entendiéndolos como espacios inclusivos a través de los cuales todos los chilenos somos llamados a ser parte de la solución de los distintos problemas que nos aquejan, a través del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. La sociedad civil y el sector privado deben involucrarse en la detección de las necesidades, el diseño y la planificación, la asignación y priorización de los recursos, la implementación, el control y evaluación de las políticas públicas. El Estado está llamado a procurar el bien común y a garantizar los derechos de las personas, pero no debe entenderse que ello significa que tiene un rol exclusivo y excluyente como responsable de las políticas públicas; por el contrario, debe crear las condiciones para complementar su labor con la colaboración y participación, pues es la mejor forma de canalizar la creatividad, la iniciativa y el compromiso de todas y todos por construir un mejor país.

Muchas gracias.

Fuente: Ciedess

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