Editorial sobre informe de FF.AA.

Un documento elaborado por la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, realizó un análisis respecto a las dificultades prácticas que tendría la modificación del sistema previsional de las Fuerzas Armadas (sistema de reparto). Una de las principales conclusiones del estudio de Ciedess apunta a que bajo las condiciones actuales, incluso en el supuesto de la máxima estabilidad laboral y aplicando las reglas de imponibilidad, el traspaso al sistema de AFP implicaría que la pensión de un suboficial con treinta años de servicios sería inferior a $270.000 o un 12% de tasa de reemplazo.

Además, este sistema de reparto en las FF.AA mantiene una lógica diferente a la capitalización individual, generando prestaciones por antigüedad (años de trabajo) en lugar de por vejez, lo que dificulta su integración con éste. También implicará importantes dificultades económicas, al requerir para su mantenimiento una contribución fiscal superior al 90% de su financiamiento. Otro elemento a tener en consideración es que si se contempla en los pagos los servicios realizados que se encuentra afecta a cotizaciones e impuestos, como se hace en el sector privado, el nivel es inusualmente bajo: el sueldo base en 2016 del grado más bajo del cuadro permanente (cabo) corresponde al 64% del ingreso mínimo mensual para ese año ($160.470 contra $250.000).

Dado el costo que implicaría realizar este cambio, así como también el desgaste político que implicaría, lo recomendable sería que el gobierno avanzara paso a paso. Lo primero es mejorar las pensiones de las personas que menos ingresos tienen, en una reforma del sistema de pensiones que apunte compensar los factores que provocan que las pensiones se ubiquen por debajo de las expectativas de las personas.

Estos factores son la mayor esperanza de vida (longevidad), lagunas previsionales y la subcotización. Una propuesta para cambiar el régimen previsional de las FFAA se debería abordar en una segunda etapa, en donde se analice si efectivamente es conveniente o no tener un sistema diferenciado y luego determina las distintas alternativas que podrían solucionar el excesivo gasto que implica para el fisco mantener dicho sistema de pensiones especial.

Fuente: Pulso-La Tercera