Por cada fiscalización de la Superintendencia de Salud a Fonasa hay tres a las isapres

El 2013 aparece como un anómalo año para las fiscalizaciones que la Superintendencia de Salud realiza sobre el sistema asegurador de salud. Ese año se registraron 570 inspecciones a Fonasa y 574 a isapres.

Tanto los años anteriores como los posteriores registran un énfasis fiscalizador en el sector asegurador privado, que genera un debate entre regulador y regulado.

Sin ir más lejos, en 2015 hubo 815 fiscalizaciones a isapres y solo 239 a Fonasa, lo que implica que por cada inspección que se hizo el año pasado en Fonasa, se realizaron 3,4 a las aseguradoras privadas.

Las cifras, además, corresponden a la mayor diferencia entre ambos subsistemas en los últimos cuatro años (ver infografía).

La parte esencial del debate es que esto ocurre, pese a una diferencia fundamental entre ambos: si en las isapres se atienden 3,4 millones de personas, en Fonasa lo hacen 13,2 millones.

De ahí parte el argumento del presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien dice que "si uno sacara un indicador de fiscalización por beneficiarios o de fiscalización por prestaciones, se daría cuenta de que la densidad de recursos estatales orientados a la fiscalización está claramente orientada a proteger a las personas de mejores ingresos".

Según Caviedes, "hay, por lo menos, ocho veces más recursos fiscales utilizados en fiscalizar al sector privado que al público. Por ello hemos planteado la necesidad de que la autoridad fiscalizadora sea técnica e independiente del gobierno de turno, pues ninguna superintendencia se atrevería a decirle a su propio mandante o partido político que está haciendo mal las cosas".

Diferencia legal

El superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, defiende el plan de fiscalización de su repartición, argumentando que las potestades que posee para ambos subsistemas son distintas.

Plantea que es en el sector de las isapres "donde se expone a los usuarios a mayores abusos" -ya que en el sector público existen otros organismos de control, como Contraloría o el propio Ministerio de Salud- y que las atribuciones de que dispone no son iguales. "Hay toda un área de fiscalización que no tenemos en Fonasa, como ocurre con los temas financieros", afirma.

Origen está en reforma

Toda esta diferencia ocurre porque durante la reforma a la salud de mediados de la década pasada se creó la superintendencia actual, que es la continuidad de lo que fue la Superintendencia de Isapres, con injerencia exclusiva en el sector privado. Sin embargo, en la discusión parlamentaria de la época ganó la visión de que no era necesario equiparar las facultades de fiscalización, salvo para las materias que incorporaría dicha reforma. En particular, esto ocurrió respecto de la aplicación del plan AUGE y de la garantía de calidad asociada a este, que incluye la acreditación de los centros de salud, como también de los profesionales que atienden en ellos.

Consultado sobre la dificultad que podría generar la fiscalización de otro organismo estatal, Pavlovic asegura que "eso no nos inhibe, sino que la ley nos da alcances distintos, y en el ámbito de las atribuciones también es distinto".

En el ámbito de los prestadores, eso sí, ocurre la situación contraria en el ámbito de las fiscalizaciones: por cada inspección a una clínica se hacen seis a hospitales públicos. "Es donde más le aprieta el zapato al beneficiario", justifica Pavlovic.

Fuente: El Mercurio