Informe concluye que isapres Masvida y Consalud cumplen al límite estándares de solvencia

Un análisis realizado por la Superintendencia de Salud a los requisitos legales de solvencia que se exigen a las isapres, reveló que dos de ellas, Consalud y Masvida, cumplen al límite los estándares que garantizan que las firmas puedan proyectar su negocio en el tiempo y cumplir con sus obligaciones financieras.

La fiscalización de la autoridad revisó los niveles de patrimonio, liquidez y garantía de las 13 aseguradoras del país -siete abiertas y seis cerradas- a partir de los resultados financieros informados a marzo pasado. Se trata de ítemes contables de niveles de capital que, de acuerdo a la ley, deben alcanzar un piso mínimo para que en caso de que una isapre quiebre, se asegure el pago a prestadores y afiliados, entre otros.

El estándar de patrimonio, por ejemplo, consiste en los activos de la compañía en relación a su endeudamiento. La liquidez corresponde a los ingresos que recibe la firma y a los pasivos, que en este caso son los siniestros que se deben financiar. La garantía, en tanto, es el respaldo financiero real que tiene la isapre bajo la forma de depósitos a plazo o boletas en bancos (ver definiciones).

El estudio concluyó que el sistema cumple los estándares legales de solvencia de manera holgada en lo que respecta a patrimonio y liquidez, aunque alertó que "se observa en ambos indicadores una disminución de los niveles en el último año". En el caso del criterio de garantía, se concluyó que "muestra un nivel más ajustado al mínimo exigido y con una leve mejora".

Al revisar la situación de cada firma, en cambio, el diagnóstico es distinto para dos de ellas. "Si bien es cierto que todas las isapres cumplen con todos los estándares, es necesario destacar que Consalud registra los niveles más bajos en los estándares de patrimonio y liquidez y, con Masvida en el de garantía, niveles muy cercanos a los mínimos exigidos".

Se trata de aseguradoras con amplia presencia en el sistema y que suman 1.235.555 afiliados, lo que constituye el 36% del total de beneficiarios.

Consultado al respecto, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, sostuvo que "estamos mirando con atención la evolución de los resultados de la industria y de cada isapre. Hay algunas compañías que pueden tener una situación más ajustada y ahí tenemos que estar muy atentos a ver si esto se recupera o se sigue deteriorando, hasta poner en riesgo el cumplimiento de los indicadores". Agregó que, en caso de que alguna isapre no alcance el estándar exigido, la ley dispone un plan de ajuste que permite a la superintendencia intervenir para evitar poner en riesgo a los afiliados (ver entrevista).

Para el gerente general de Consalud, Marcelo Dutilh, el panorama de la firma y el detrimento de los indicadores financieros del sistema responden a que el aumento de los costos ha superado al de los ingresos, en un contexto de judicialización que ha generado millonarios desembolsos en costas y de un demorado proyecto de reforma al sistema que mantiene un clima de incertidumbre. "Esto nos pone desafíos importantes, a la espera que se dé a esta industria la certeza jurídica que necesita", dijo Dutilh (ver entrevista).

Para Héctor Sánchez, director del Instituto Salud y Futuro de la U. Andrés Bello, la situación de Consalud responde a que "su siniestralidad ha crecido y está en una situación financiera compleja. Pero hay que mirar a sus dueños, la Cámara Chilena de la Construcción, uno de los grupos más sólidos del país, por lo que podría resolver la situación con un aumento de capital. La isapre es sólida por los dueños que están detrás, la Cámara no va a dejar quebrar a su isapre".

Sobre Masvida, Sánchez añadió que la firma ya está buscando mejorar sus flujos de caja a través de un inversionista. El plan, que lleva varios meses, busca un socio estratégico que se adjudicaría el 50,5% de la propiedad. "Ellos tiene problemas de garantía que se pueden resolver en la medida que se inyecten recursos y ya están haciéndose cargo de eso", agregó.

Respecto a los resultados del sistema, en general, el académico dijo que "es la crónica de una muerte anunciada. Hace años advertimos que esto pasaría si la industria no cambia su modelo de negocios, que es inflacionario e ineficiente, con una judicialización que es consecuencia del aumento producido por el modelo de compra y atención. Esos son los mayores riesgos". Añadió que "el gobierno no solo tiene que mirar esto con preocupación, sino que además con vergüenza por los años en que no han sido capaces de llevar adelante una reforma al sector. Y mientras, las isapres deberían asumir su responsabilidad y no esperar a que las regulen. Esto es una crisis mayor del sistema de salud en su conjunto".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, planteó que "lo que uno ve acá es que desde que se inició la judicialización generó un deterioro de los indicadores financieros y esto es una pista de lo que puede suceder en el sistema si continúa, pues el año pasado representaron 22 mil millones de pesos para el sistema y US$ 120 millones para un grupo de abogados". Agregó que "el sistema esta tensionado por los costos de estos recursos y la imposibilidad de adecuar las tarifas conforme al aumento de los costos de la medicina y las licencias médicas".

Hasta ahora, algunas clínicas han reportado la dilatación de los plazos de pago de algunas isapres, lo que ha generado conflicto en los convenios.

Isapre Masvida declinó hacer comentarios sobre sus resultados.

Fuente: La Tercera